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Anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano

Intereses especulativos de los grandes promotores en Valencia

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José Luis Ramos (Abogado Urbanismo)

JOSÉ LUIS RAMOS SEGARRA
(Abogado de la Plataforma Salvem el Cabanyal)
 
  • FRANCISCO CAMPS “EL EXPOLIADOR

    En la edición del periódico Levante-EMV de 15 de noviembre de 2003, se informaba que el Pleno del Consell, había aprobado el proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Modificaciones que, entre otras cosas, pretenden desbloquear proyectos como el del Cabanyal. Todo ello, con base a las excepciones introducidas en los planes especiales de protección de interés cultural. Concretamente las excepciones consisten en admitir modificaciones  de la estructura urbana y arquitectónica cuando se produzca una mejora con su entorno territorial y urbano, se eviten los usos degradantes para el propio conjunto o se trate de actuaciones de intereses general o de proyectos singulares. Como puede apreciarse  tratan de dotarse de una llave maestra capaz de abrir todas las barreras que, para el urbanismo depredador, supone el patrimonio cultural.

    Así las  cosas,  estimo, que si  las Cortes Valencianas llegaran a aprobar, en los términos anunciados el anteproyecto de modificación de la ley de patrimonio, el Molt Honorable podría pasar a la historia como “El expoliador frustrado”. Explicaré las razones en las que fundo dicha conclusión.

    Ocurre que en materia de patrimonio cultural existen competencias concurrentes entre la administración central y las CC. AA. Ello supone que ambas administraciones tienen competencias dentro de un mismo ámbito pero sobre aspectos distintos. Pues, mientras la Comunidad Autónoma tiene reservadas las competencias  en materia de gestión, el gobierno central mantiene en exclusiva  la tarea de evitar el expolio y  la exportación ilegal de bienes integrados en el patrimonio cultural. Definiendo la ley  como expolio (art. 4 LPHE), toda acción u omisión de puesta en peligro de perdida o destrucción del patrimonio cultural.

    Para hacer efectiva su competencia en materia de expolio, la administración central tiene aprobada  la Ley de Patrimonio Histórico Español, del año 1985, cuya norma, al tener carácter de legislación básica, es de  aplicación en toda España las medidas establecidas en la misma contra el expolio y la exportación ilegal. Ello es así, porque  en su aplicación, por razones de competencia, dicha norma desplaza a las normas autonómicas. Y como consecuencia de ello,  dicho régimen actúa como nivel mínimo de protección que no pueden  rebajar las normas autonómicas si no quieren incurrir en nulidad por invasión de las competencias estatales.

    Centrándonos en el caso de los centros históricos declarados Bienes de Interés Cultural, caso del Cabanyal, el régimen jurídico establecido para ellos por la ley estatal, (art. 21.3) prohibe la alteración de su estructura urbana y arquitectónica. Dicho régimen ha sido interpretado por distintos Tribunales Superiores de Justicias y por el Tribunal Supremo, y en todos los casos, se interpreta que la obligación de mantener las alineaciones existentes en los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural, existe siempre y sin excepción alguna. Difícilmente podía llegarse a una conclusión distinta si se tiene en cuenta que en toda la ley no se establece  ninguna excepción que permita modificar la estructura urbana formada por los bienes declarados de interés cultural. Pero, además, paralelamente el Tribunal Constitucional ha sentado la doctrina que en materia de patrimonio cultural, según la cual, en caso de duda, debe optarse por la preservación.

    Llegados a este punto, uno se pregunta, si la ley estatal no establece ninguna excepción que pueda autorizar la modificación   de la estructura urbana y arquitectónica de los Bienes de Interés Cultural, ¿dónde encuentra el Consell amparo legal para introducir dichas excepciones?. ¿Acaso el Consell puede sustituir al gobierno de España en materia de competencia exclusiva de este?.  Por otra parte, si alguno de los expertos en la materia, que se están dedicando a justificar la legalidad de la reforma, lo sabe, por favor que nos lo diga. Porque nosotros pensamos que en el ejercicio de las competencias en materia de gestión, la Comunidad Autónoma, puede regular la aplicación de la ley e incrementar el nivel de protección mínimo establecido en la ley estatal, pero que en ningún caso  puede rebajarlo. Por eso, si al amparo de la nueva ley valenciana  de patrimonio se aprueba algún plan especial que permita eliminar elementos del patrimonio protegidos por la ley estatal, se consumara un expolio, y ello, permitirá, a cualquier ciudadano, solicitar al Tribunal Superior la inaplicación de la misma. Y si el pronunciamiento de los tribunales diera lugar a la nulidad de las excepciones  introducidas en la ley de patrimonio por estimar que estás dan lugar a un expolio del patrimonio prohibido por la ley estatal, llegados a este punto, el Molt Honorable quedaría como “El expoliador frustrado”. Mientras tanto quienes ahora alientan y justifican la reforma se esconderían para evitar responsabilidades.

     
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