Levante 31-12-2002

Editorial

Hay lujos que no tienen precio, inversiones a largo plazo que aunque a simple vista puedan parecer onerosas el tiempo se encarga de rentabilizar con creces. Eso vino a decir, más o menos, el actual presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, hace apenas unos días cuando le tocó la suerte de inaugurar las instalaciones del Oceanográfico que gestiona la empresa pública autonómica Cacsa. En ese mismo acto Olivas desveló que las obras habían costado a la hacienda valenciana unos 108 millones de euros, casi 18.000 millones de las antiguas pesetas. Obviamente, el presidente de la Generalitat se estaba curando en salud, adelantándose a las críticas de una oposición tan austera como alicorta a ojos de un gobierno al que no le tiembla el pulso a la hora de gastar. A Olivas se le olvidó decir, sin embargo, que el presupuesto por el que se adjudicó el proyecto de Cacsa fue de algo más de 39 millones de euros, adjudicado a una UTE de empresas muy amigas del poder político en aquel momento, conformada nada más y nada menos que por la FCC de Esther Koplowitz, la ACS de Florentino Pérez y Sedesa (bajo control de la familia de Juan Cotino). Desde la adjudicación -que tuvo una baja de un 40%, a pesar de lo cual no incurrió en temeridad según la ley de contratos públicos-, las modificaciones presupuestarias han sido importantes hasta más que triplicar con creces lo firmado en el contrato inicial, modificaciones realizadas, además, a posteriori, es decir, una vez terminadas las sucesivas fases de las obras. El presidente Olivas se olvidó de comentar todos estos pormenores pero, milagrosamente, el Síndic de Comptes ha tenido a bien reproducirlo en su informe anual, elevando además a 128 millones de euros los gastos que, a 31 de diciembre de 2001, se llevaban contraídos en el Oceanográfico. Es decir, un auténtico dineral que, en cualquier caso, los propios valencianos terminarán decidiendo si ha valido la pena invertirlo en dicho proyecto, pero que de todos modos ha incurrido en graves anomalías procedimentales que no deberían ser toleradas en un régimen democrático que se precie de regular mínima y rigurosamente la actividad pública..

Levante-EMV 31-12-2002

El Síndic revela que l´Oceanogràfic acumuló un sobrecoste del 239% a un año de acabar la obra

El Parque Oceanogràfic había costado ya, al cierre del anterior ejercicio, 128 millones de euros, el triple de lo previsto en el presupuesto inicial de las obras del parque acuático, según revela el último informe de la Sindicatura. Sólo las constructoras tenían contratos por 108 millones, cantidad que incluye el primer modificado del proyecto inicial, pero no un segundo reformado previsto para el final de las obras.

F. Arabí/J. García Gómez, Valencia

La empresa pública Ciudad de las Artes y de las Ciencias había comprometido, a 31 de diciembre de 2001, el pago de 107,8 millones de euros a las constructoras del Parque Oceanogáfico, según revela el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. La UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ACS y Sedesa contaban a esa fecha con un presupuesto un 239% más caro de lo previsto en la adjudicación inicial, que ascendía a 38,9 millones de euros.

El Síndic denuncia que «un incremento tan importante del presupuesto inicial desnaturaliza el volumen económico de la contrata y, en consecuencia, el principio licitatorio que se aplicó a la contratación primera». De hecho, la contratista ganó el concurso de ejecución del proyecto de L´Oceanogràfic tras presentar una oferta que incluía una rebaja del 40% respecto del precio de licitación de las obras.

La auditoría general a las cuentas de la Generalitat corrige las declaraciones del presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, quien, en el acto de inauguración del parque acuático, el pasado 12 de diciembre, cifró en 108 millones de euros la inversión total para desarrollar el proyecto. En esta cifra se incluye un primer modificado respecto al proyecto inicial, pero no el «modificado número dos, que se prevé llevar a cabo al finalizar la obra», según explica el informe.

Anomalías en la adjudicación

Si a las obras ejecutadas por la citada UTE se suman además los diferentes contratos de servicios, el parque acumulaba un coste de 128,19 millones al cierre del anterior ejercicio. A esa cantidad hay que añadir una parte de los 24,7 millones de euros que en la contabilidad de Cacsa aparecen como inversión general (epígrafe Central en el cuadro que acompaña a esta información) y no están imputados a cada uno de los proyectos del complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

En su informe de revisión de las cuentas públicas autonómicas, el Síndic denuncia diversas anomalías en la contratación de obras y servicios. Entre ellas, subraya la práctica de «aprobar» los modificados de obra «con posterioridad a su ejecución». «Este modo de actuar desvirtúa el sentido y finalidad que legalmente deben cumplir los proyectos técnicos», razona el documento del Síndic, José Antonio Noguera de Roig. También recalca que antes de la adjudicación del reformado a FCC, ACS y Sedesa, la empresa pública Cacsa encargó a dedo a esa misma UTE dos obras complementarias consistentes en la «Construcción de las plantas de energía y absorción» y «Construcción de las tematizaciones». En ese momento, el coste de esas obras representaba más del 20% del montante total del proyecto inicial y por ello, subraya el Síndic, debería haberse evitado la contratación directa y sin concurso.

Antes de proceder a la adjudicación del modificado se emitieron dos informes técnicos externos sobre el mismo. El informe de la Sindicatura considera que el incremento en un 448,43% del capítulo «movimiento de tierras» (un alza de 7,6 millones de euros en cifras absolutas) es «algo elevado». En la auditoría se advierte, asimismo, que si bien no es «preceptivo legalmente, hubiera sido recomendable» que el proyecto modificado número 1 del Parque Oceanográfico «se hubiese remitido a la oficina correspondiente de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a efectos de que sea supervisado».

4.562 contratos a dedo y sólo 30 por concurso

F. A./J. G. G., Valencia

La contratación de obras y servicios del grupo Ciudad de las Artes y de las Ciencias se disparó en el año 2001 respecto al ejercicio anterior. El «incremento significativo» se produjo, según refleja Noguera de Roig en su informe, tanto en lo que se refiere a número de contratos (crecieron un 82%) como en el volumen de contratación, que se incrementó un 103%, según se detalla en el citado documento.

La Sindicatura de Comptes advierte que el análisis de la información facilitada «ha puesto de manifiesto la existencia, en algunos casos, de contratos menores cuya contratación, por tratarse del mismo objeto de contrato, debería haberse efectuado de forma conjunta». Con la fragmentación de los contratos se evita el concurso público para optar por fórmulas de adjudicación directa. Además de esta práctica, el Síndic también lamenta «el elevado número de expedientes de contratos menores». Y para evitar estos procedimientos anómalos, el informe recomienda: «Una planificación de las necesidades anuales en determinados tipos de adquisiciones permitiría una agrupación de las contrataciones, una menor utilización del contrato menor y un incremento de las licitaciones por concurso o subasta».

El abuso de la fórmula del contrato menor queda patente cuando se observa que en 2001 se formalizaron un total de 4.591 expedientes de este tipo de licitación, por casi 120 millones de euros. Los contratos menores tienen además la particularidad de que están exentos de fiscalización previa.

Hasta 30 contratos se adjudicaron por concurso, según los datos que ofrece el informe del Síndic, mientras que en cinco casos se optó por la fórmula del procedimiento negociado con publicidad. Hasta 46 veces se prefirió el contrato negociado sin publicidad o adjudicación a dedo. Casi cuatro millones y medios de euros de la empresa pública Ciudad de las Artes y de las Ciencias fueron comprometidos a través de este tipo de licitación.