Lecciones del Cabanyal

FERNANDO FLORES - Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València

No sé cómo acabará, pero creo que el del Cabanyal es un caso que a estas alturas sirve ya para explicar el maltrecho estado de salud política, social y económica de un pueblo, el valenciano, y de una época, la actual, bajo (preposición no inocente) la acción de un gobierno, el del Partido Popular. Entre las muchas lecciones que a partir de este conflicto pueden aprenderse, merecen especial consideración las relativas al funcionamiento de las instituciones. Yo hago un resumen, y ustedes las van pensando.

Lección 1. El Ejecutivo. Según los manuales al uso, el Gobierno dirige la política del territorio que administra, y debe hacerlo con arreglo a las leyes y atendiendo al interés general. Entre nosotros, el gobierno municipal ha planteado la prolongación de Blasco Ibáñez como un tema personal de la alcaldesa, manipulando los procedimientos administrativos, explicando su pretendida necesidad en ideas que indignan y ruborizan, y castigando al Cabanyal a una desatención que lo degrada día a día. El gobierno autonómico, por su parte, ha entendido el problema en clave interna de partido, y a la vista del poder de la alcaldesa en él, la Conselleria de Cultura ha renunciado a proteger el patrimonio histórico, mirando hacia otro lado. Como colofón, ambas instancias han reprimido a los funcionarios que de forma responsable informaron negativamente su Plan, por considerarlo ilegal, y han ascendido a los que sumisamente lo han apoyado.

Lección 2. El Legislativo. Su misión es hacer leyes y controlar al Ejecutivo. Sin embargo, en nuestro caso las Cortes Valencianas han sido controladas por el Consell, que impidió a través del Grupo Parlamentario Popular que la Síndic de Greuges compareciera en las Cortes para exponer su Memoria, como todos los años. Y ello en represalia por la Resolución que requería a Cultura la revisión de su Informe favorable al Plan del Cabanyal, y por temor a que relatara las graves irregularidades en él contenidas. Por lo demás, la guinda ha venido de la mano de la reciente reforma de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que adecua la norma al afán expoliador del Partido Popular (el único que la ha apoyado), y de paso da entrada en nuestro territorio a acciones expoliadoras claramente inconstitucionales.

Lección 3. Otros organismos de control. La tibieza, corrección política, ambigüedad, cuando no dejación de funciones, del Consejo Valenciano de Cultura y del Consejo Jurídico Consultivo, han revelado la actitud de unas personas que figuran en unas instituciones más pendientes de mantener y mejorar su estatus personal que cumplir con un trabajo -fiscalizar la actuación de los poderes públicos en su ámbito de competencia- por el que se les paga francamente bien. Mención aparte merecen el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges: el primero ni siquiera respondió a las quejas de los vecinos, y no porque no las había estudiado; el segundo, cuando finalmente se decidió a actuar, fue verbalmente agredido por la alcaldesa y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y castigado al silencio por las Cortes.

Lección 4. El Poder Judicial. La cosa se pone seria cuando hablamos de la institución independiente, la garantía de los derechos de las personas, la autoridad que ha de resolver los conflictos entre Administración, que es la poderosa, y administrados, que son la parte débil. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia avalando la legalidad del Plan de prolongación de Blasco Ibáñez ha recibido ocho votos en contra por once a favor, ocho votos de ocho magistrados que no quieren firmar una resolución que protege los intereses urbanísticos y asume la destrucción del patrimonio, y cuyos argumentos jurídicos sonrojan a un estudiante de Derecho.

Lección 5 (y penúltima). El Poder mediático. Los medios públicos valencianos, y los privados, son la correa de comunicación de las instituciones hacia los ciudadanos, a quienes tienen la obligación de informar verazmente, es decir con escrúpulos y diligencia. También deben ser correa de comunicación entre los propios ciudadanos. Qué decir cuando se ha dicho y se puede decir tanto sobre el ejercicio de sumisión de los medios. Un ejemplo y basta: cuando transcurría el decimocuarto día de huelga de hambre de tres vecinos del Cabanyal que pedían diálogo con el gobierno municipal sobre el futuro del barrio marítimo, Canal Nou emitió el caso de dos diputados salvadoreños que llevaban tres día de huelga de hambre -en San Salvador- en legítima reivindicación por un asunto interno. Canal Nou nunca dijo nada sobre los veintitrés días de huelga de los ciudadanos valencianos.

En fin, yo no sé cómo acabará esto, pero si sé que hay algunas lecciones que ya sabemos, y que podemos memorizar; sé que al conflicto del Cabanyal le queda mucho camino, pues entre otras medidas queda el recurso al Tribunal Supremo. Y sé que a la vista del deterioro institucional, la clave está en la participación social, en los movimientos ciudadanos que sumando dignidad y cabreo le plantan cara a la arbitrariedad de los poderes públicos. Esa es la lección que todavía se está escribiendo.