El que debería velar por la defensa del medio ambiente, imputado por un delito ecológico

Fernando Modrego, Conseller de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Valenciana

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PROCESO A LA COPUT

Dídac Bellés, Castelló

El juez imputa un delito ecológico a García Antón y Modrego por el vial de Oropesa

El instructor del caso requiere a la Coput documentación sobre cuándo y a quién ordenó parar las obras.

El titular del juzgado de primera instancia número 6 de Castelló, Esteban Tabernero, da un plazo de diez días a las partes personadas en el caso de la carretera Cabanes-Oropesa para que «aleguen lo que estimen oportuno sobre la competencia de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para conocer sobre el fondo del asunto», según informaron ayer fuentes judiciales a este diario.

El magistrado instructor ha dictado esta providencia al estar imputados en la causa dos personas aforadas como son el conseller de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y el conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, en las diligencias judiciales abiertas por un delito contra el medio ambiente en las obras de la mencionada carretera.

Tras el auto dictado por la Audiencia de Castelló, que rechazaba el archivo de la causa y ordenaba la práctica de nuevas diligencias, el juez instructor también ha citado a dos altos cargos de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (el director general de Obras Públicas, Pedro Marco Segura, y el jefe de la oficina del Plan de Carreteras, Josep Llin i Belda), que comparecerán ante el juzgado el próximo 31 de mayo a las 12 horas.

Según las mismas fuentes, en la misma providencia, también se solicita al ecotoxicólogo judicial Luis Burillo que amplíe los informes periciales emitidas para ver, en primer lugar, «si de los movimientos de tierra realizados hasta ahora se ha producido perjuicio grave al equilibrio ecológico» y, en segundo lugar, «si la actividad íntegra de construcción de la carretera pudiera perjudicar gravemente el equilibrio ecológico».

Por otra parte, el magistrado instructor también ha citado, pero en esta ocasión en calidad de testigos, a los directivos de la UTE Rover-Alcisa para que comparezcan ante el juzgado el próximo 7 de junio. Deberán prestar declaración el gerente, Luis G. R., el jefe de obra, José Ramón L. G., el jefe de producción, Francisco Javier P., y el jefe de calidad medioambiental, Salvador A. M.

Petición de documentación

Asimismo, el juez instructor también reclama a la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo que en el plazo de diez días envíe al juzgado de primera instancia número 6 la siguiente documentación: La orden de  comienzo de la carretera Cabanes-Oropesa y la comunicación a la empresa adjudicataria de la orden de paralización parcial de la carretera, así como a quién se notificó y cuándo dicha orden dictada por el juzgado de instrucción el 27 de junio de 2000.