23-10-96

El Abogado de Apepna, Julio López, asegura que el retraso provoca la inseguridad jurídica de los afectados

LA ALBUFERA CARECE AÚN DE PROTECCIÓN LEGAL

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente acumula ya un retraso superior a un año en los plazos legales para la aprobación del plan rector de uso y gestión de la Albufera (PRUG), que debería haber sido aprobado en agosto-septiembre de 1995.

La conselleria ha incumplido también sus propios compromisos públicos, al anunciar la Directora general de Conservación del Medio Natural, Pilar Máñez, el pasado 18 de abril, que el plan se aprobaría inicialmente en el mes de mayo.

El retraso en la aprobación de este documento agrava la indefinición existente sobre el grado de protección legal con que cuenta este espacio natural, ya que el actual plan especial de protección del parque natural (Peppna), derivado del decreto 89/1986 de la Generalitat Valenciana por el que se creó el parque, fue declarado nulo en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado 1 de marzo.

La citada sentencia, que fue recurrida por la Generalitat, anulaba el Peppna, al calificarlo de instrumento legal vinculado al decreto 89/1986, que a su vez fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en 1992. Para la justicia, la Albufera ha cumplido diez años como parque natural sin tener un instrumento legal propio que la proteja.

Julio López, abogado de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Parque Natural de la Albufera (Apepna), manifestó que los sucesivos retrasos acumulados en la aprobación del PRUG podrían tener consecuencias legales. "Ha pasado más de un año de la fecha límite que marcaba el decreto 7/1993 del Consell y queda menos de un año para que se cumpla el tope de cuatro años previsto en la ley estatal 4/1989, de espacios naturales", declaró.

Según este abogado, existen sentencias del Tribunal Supremo que confirman que el establecimiento de plazos no es "algo gratuito. El objetivo, cuando se fija un plazo, es evitar la inseguridad jurídica del administrado. En estos momentos, nadie entre los usuarios del parque tiene claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones respecto al parque natural porque falta el documento que tiene que contemplar los usos permitidos y los que quedan claramente prohibidos".

Pilar Máñez, directora general de Conservación del Medio Natural, justificó el retraso argumentando que la voluntad política de la conselleria de consensuar un borrador antes incluso de someter el plan a exposición pública obligaba a multiplicar los contactos con todas las instituciones afectadas. "Es cierto que con Apepna no hemos hablado, aunque pronto lo haremos, pero sí hemos mantenido contactos con la Acequia Real del Júcar, con la cofradía de Pescadores del Palmar y con otras asociaciones y ayuntamientos que tienen mucho que decir en el futuro del espacio natural. Toda esta labor lleva su tiempo", declaró. Máñez negó que el retraso tuviera consecuencias de orden legal y dijo que "en el fondo" era "beneficioso". "Sabemos que no podemos satisfacer a todos, pero en la medida que el documento que se apruebe tenga el máximo consenso, estaremos favoreciendo la futura gestión del parque", anadió.

La directora general no quiso adelantar una fecha para la aprobación inicial del plan y tampoco desveló ninguno de sus contenidos, sobre todo los relativos a cuestiones polémicas como los límites, la zonificación y las pretensiones urbanísticas del Ayuntamiento de Cullera sobre la playa del Dosel.

En este sentido, Pilar Máñez negó que las presiones en el seno de Unión Valenciana, que gobierna en Cullera, estén detrás del retraso.