Pedro Muelas

El mismo día en que tomó posesión de su cargo como ministro portavoz, Eduardo Zaplana se dirigió a un grupo de periodistas para advertirles que nunca les mentiría... Se supone que a ellos y a todos los demás del gremio. Aquella excusatio non petita se convirtió, más que en una broma, en una tarjeta de visita porque muchos le tomaron la palabra. La primera fue cuando se sacó de la manga que el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, no se había levantado cuando pasó la bandera española por delante de la tribuna de autoridades en aquel polémico desfile. No recuerdo que entonces ni después pidiera perdón ni dijera que se había equivocado ante aquel falso comentario. Ahora, su ministerio (por no decir que él y los suyos directamente) ha querido desmentir una información de Levante-EMV mintiendo descaradamente. El Ministerio de Trabajo faltó a la verdad con tal de desmontar la noticia de que la inspección exigía a la Ciudad de la Justicia que estableciera una serie de normas de seguridad y volvió a la carga, como en los viejos tiempos, contra la profesionalidad de los redactores de este periódico. .

Hoy podemos demostrar que nuestra información era verídica y ajustada a la realidad y que el ministro portavoz nos quiso herir desde la falsedad. Es sólo un ejemplo de su política informativa.

El Ministerio de Trabajo faltó a la verdad al desmentir una información de Levante-EMV

El departamento negó que la Inspección dependiera del organismo estatal, como así es

Levante-EMV, Valencia

El Ministerio de Trabajo que dirige Eduardo Zaplana faltó a la verdad al desmentir una información de Levante-EMV, publicada el 3 de enero y titulada Trabajo exige al Consell que elabore un plan de emergencias para la Ciudad de la Justicia, al afirmar que las competencias funcionales en materia de seguridad y salud laboral pertenecen a la Generalitat Valenciana y, en concreto, a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y no al Ministerio de Trabajo.

El desmentido del Ministerio, que este periódico publicó el 4 de enero, destacaba también que la Inspección provincial de Valencia funciona de forma autónoma y no recibe instrucciones políticas del ministerio.

Sin embargo, en el documento que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia remite a la dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en el que se la requiere para que un plazo de seis meses resuelva las deficiencias de salud laboral y planifique las medidas de emergencia y evacuación en materia de incendios en todos los juzgados valencianos incluida la Ciudad de la Justicia, aparece claramente en el membrete superior que la Inspección depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Eduardo Zaplana.

El requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico y que firma el inspector de Trabajo y Seguridad Social deja absolutamente claro que la información publicada por este rotativo es absolutamente cierta y que el Ministerio de Trabajo falta a la verdad en su desmentido, que este diario publicó al día siguiente de aparecida la noticia.

La inspección se realizó a instancias de la denuncia presentada por Comisiones Obreras el 19 de febrero de 2003 que se amplió en cinco escritos sucesivos en los que se ponía de manifiesto la gran cantidad de deficiencias existentes en los juzgados de Valencia y en la propia Ciudad de la Justicia.

Para comprobar el grado de cumplimiento de los requerimientos realizados por la Inspección tras las denuncias de CCOO se celebró el 19 de diciembre una reunión a la que asistieron todas las partes interesadas en la se constató «de manera rotunda», como apunta el sindicato,«las graves deficiencias que presentan los juzgados, fiscalías y servicios de la Administración de Justicia» y se estableció un plazo de seis meses para evaluar los riesgos y planificar la acción preventiva.