La incineración de las harinas cárnicas

Joan Ribó - Portavoz de Medio Ambiente de Esquerra Unida del País Valenciá

Desde un punto de vista medioambiental, quemar un producto biológico con un alto contenido en proteínas es un derroche solamente comparable a hacer fuego con billetes de curso legal. La naturaleza nos muestra cómo muchas especies de animales (buitres, quebrantahuesos, etc.) basan su dieta precisamente en estos materiales que son llamados de riesgo desde el punto de vista del mal de las vacas locas (EEB). Si es antinatural que los rumiantes se conviertan en carnívoros por el consumo de harinas cárnicas, verdadera causa de la enfermedad de las vacas locas, incinerar estos materiales, como se está empezando a hacer en las cementeras valencianas, es un derroche a nivel biológico que ocasiona un aumento de las emisiones de los gases contaminantes de las cementeras hasta niveles no comprobados y que impide en la práctica avanzar en cualquier otra alternativa de reciclaje de estos materiales.

El mal de las vacas locas provocó una alarma social en toda la Unión Europea que se tradujo en la prohibición de usar las harinas de carne en la alimentación de animales de renta durante los primeros seis meses de 2001. Puso de manifiesto también el incumplimiento de distintas normativas como, por ejemplo, la prohibición vigente en España desde 1994 de usar harinas cárnicas en la alimentación de rumiantes. Esta situación de emergencia -recordemos que se producen 400.000 Tm/año de harinas en España, de las cuales el 10% son valencianas, a las que hay que buscar salida- fue rápidamente aprovechada por la industria del cemento para diversificar y ampliar su volumen de negocio. Quemar harinas cárnicas supone una inversión que implica un menor coste en combustible, percibir 12 pesetas por kilogramo de harina quemada y, bajo la cortina de humo de la emergencia de las vacas locas, abrirse el camino a la incineración de otros productos como restos de neumáticos, aceites minerales usados, residuos de plásticos, etc. En definitiva, convertir una cementera en una incineradora de residuos que bordean frecuentemente el nivel de peligrosos.

Curiosamente, la Administración, para eliminar el carácter de residuo peligroso o biológicamente contaminado (nivel III), exige que todos los materiales que vayan a incinerarse cumplan los requisitos de presión, temperatura y tiempo establecidos en el real decreto 1.911/2000. De este modo «se habrá producido la inactivación del prión causante de la enfermedad», como dice el decreto-ley 4/2001. La pregunta es obvia: si ya se ha destruido el efecto causante de la enfermedad, el prión, ¿por qué hay que incinerar estas harinas y no dedicarlas a otros menesteres más nobles como, por ejemplo, la producción de compost o de abonos orgánicos mediante digestión? Si por casualidad no se estuviera seguro de haber destruido el prión mediante estas condiciones, la responsabilidad de la Administración del Estado sería muy grande al desclasificar estos productos y permitir que sean manipulados como no peligrosos por los trabajadores de las cementeras.

Hay otro aspecto grave en esta decisión: el Gobierno, con el decreto 4/2001, ha despojado a los ayuntamientos de sus competencias en materia de licencias de actividad. Y no es lógico ni democrático. Una cementera tiene licencia de actividad para producir cemento, no como gestor de residuos potencialmente peligrosos, para incinerar harinas cárnicas u otros menesteres. Con ello se pretende evitar que se estudie el impacto ambiental y las repercusiones de la incineración de las harinas en los distintos municipios aprovechando, de paso, los vacíos legales en el tema.

Y hay motivos para preocuparse del impacto ambiental. Los estudios realizados en las cementeras vascas al quemar harinas indican unos niveles de emisión de contaminantes elevados en monóxido de carbono, hecho que parece indicar malas combustiones, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Asimismo, aparecen elevadas concentraciones en los gases emitidos de algunos metales, como cobre y zinc. En el País Valenciano se ha realizado un estudio por la Conselleria de Medio Ambiente en las cementeras de Buñol y San Vicente del Raspeig. Los datos son muy contradictorios y, en el momento de redactar este artículo, se desconocen muchos de ellos, como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y otros. Sin embargo, los niveles de talio y cadmio se encuentran cerca del valor límite. Además, hay que constatar que las pruebas fueron hechas cuando la incineración de harinas funcionaba solamente a un porcentaje del ritmo previsto de incineración, lo cual permite suponer que los niveles de emisión aumentarán cuando se trabaje a pleno rendimiento.

Quemar harinas cárnicas es un buen negocio para las empresas cementeras. Pero es un pésimo negocio para el medio ambiente y la salud de la mayoría de la población. La cortina de humo y la emergencia del mal de las vacas locas han sido aprovechadas por el Partido Popular para facilitar, mediante decreto, una práctica totalmente negativa desde cualquier perspectiva medioambiental que sólo una movilización ciudadana, como la iniciada en la comarca de la Hoya de Buñol, podrá disuadir a las cementeras y al PP de una práctica tan absurda en el ámbito de la defensa y protección del medio ambiente.