Dídac Bellés, Castelló

El fiscal y el letrado del Consell piden que se remita al TSJ el caso Cabanes-Orpesa

Los altos cargos de la Coput imputados nombran a un letrado penalista privado para que se encargue de la defensa

El fiscal y el letrado de la Generalitat coinciden al solicitar al juez del caso Cabanes-Orpesa la remisión al TSJ de las diligencias abiertas en un juzgado de Castelló, al estar imputados en la causa dos personas aforadas que forman parte del Gobierno Valenciano: el conseller de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y el de Medio Ambiente, Fernando Modrego. Asimismo, los dos altos cargos de la Coput imputados han confiado su defensa al abogado penalista Javier Boix.

El fiscal del caso de la carretera Cabanes-Orpesa, Eduardo Olmedo, y el letrado de la Generalitat han coincidido en la petición formulada al juez Esteban Tabernero para que traslade a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ las diligencias abiertas en el juzgado de primera instancia número 6 de Castelló, según informaron ayer a este diario fuentes judiciales.

Ambas partes alegan que al figurar como imputados en las diligencias previas dos personas aforadas en razón de su cargo como son el conseller de Obras Públicas, José Ramón García Antón,y el de Medio Ambiente, Fernando Modrego,como presuntos autores de un delito ecológico.

El letrado de la Generalitat, sin embargo, considera en su escrito que « existen en las actuaciones practicadas indicios de carácter delictivo que justifiquen la ampliación de la querella a las personas aforadas miembros del Gobierno Valenciano». De todas formas, solicita al magistrado instructor que remita las actuaciones a la Sala de los Civil y Penal del TSJ, « que proceda denegar la ampliación de la querella a las personas aforadas y archivo de las actuaciones respecto a las mismas».

Por su parte, el fiscal Eduardo Olmedo considera que la causa debe enviarse al TSJ « perjuicio de las múltiples diligencias que faltan por practicar confirmen o desmientan las iniciales apariencias de criminalidad de su conducta».

Defensor en el caso Naseiro

El director general de Obras Públicas, Pedro Marco, y el jefe de la Oficina del Plan de Carreteras, Josep Llin i Belda, ambos imputados en el caso, han confiado su defensa al prestigioso abogado penalista valenciano Francisco Javier Boix, que ejerció la defensa en el caso Naseiro y, en la actualidad, es el encargado de la defender al promotor José Francisco Ll.E. acusado de arrojar supuestamente a su esposa desde un séptimo piso en la calle Pepita Samper de Valencia.

Precisamente por este motivo, y a petición de este abogado, se ha retrasado la comparecencia ante el juez de los cuatro altos directivos de la UTE Necso-Rover Alcisa, adjudicataria de la construcción de la polémica carretera. Javier Boix ha solicitado que la suspensión de las diligencias que pudieran estar señaladas desde los días 4 al 22 de junio de 2001, fechas en las que el letrado debe asistir al juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Valencia.

Por este motivo, previsiblemente, también se aplazarán las comparecencias como imputados del director general de Obras Públicas, Pedro Marco, y el jefe de la Oficina del Plan de Carreteras, Josep LLin i Belda, que están previstas para el próximo día 14.

Vicent Gamir acusación popular. El abogado del grupo conservacionista Gecen, Héctor Fernández, solicita que se aceleren las diligencias judiciales en el caso.

Fuente: Levante-EMV